Importancia de la educación para un país

¿EFICIENCIA O EQUIDAD?

Por Lic. Gabriel Leandro, M.B.A.
Economista

Un buen sistema tributario busca tanto la eficiencia como la equidad. Si un sistema tributario logra la misma recaudación que otro, pero a un menor costo, el primero es más eficiente que el segundo. Por otro lado, el sistema tributario es equitativo si distribuye la carga tributaria en forma equitativa en entre los distintos miembros de la población. El problema es que generalmente al avanzar en el logro de uno de los dos objetivos se retrocede en el logro del otro. Este tipo de disyuntivas se presentan con frecuencia a la hora de tomar decisiones de política económica. El asunto consiste en valorar cuál objetivo es prioritario para la sociedad.

El sistema tributario costarricense ha sido caracterizado como poco equitativo. Distintos estudios han mostrado que la carga tributaria recae en forma similar sobre los sectores de bajos, medios y altos ingresos (o sea es de carácter neutral). Esto se debe a que en gran medida está basado en impuestos indirectos, los cuales generan cerca del 70% de la recaudación fiscal. En cuanto a la eficiencia, se considera que en Costa Rica el sistema tributario es muy complejo en su estructura y administración, pues cuenta con muchos impuestos, diversos regímenes de incentivos e impuestos con graves problemas de diseño. En general ninguno de los dos objetivos mencionados anteriormente se alcanza a plenitud.

Dentro de los planes que se manejan en la Asamblea Legislativa actualmente está el gravar la educación privada con el impuesto al valor agregado, pero antes de tomar una decisión de esta naturaleza sería conveniente preguntarse qué tanto se alcanzan los objetivos que el sistema tributario se plantea.

El impuesto al valor agregado es un impuesto de carácter regresivo. Este tipo de impuestos no contribuye a mejorar la distribución de la carga tributaria entre la población. Para eso se requieren impuestos directos. Más aun cabe preguntarse, ¿quiénes son los usuarios de la educación privada? Si bien es cierto que la mayoría de las familias de altos ingresos enviarán a sus hijos al sistema educativo privado, también lo es que muchas familias de clase media actúan de la misma manera, pertenecen a la clase trabajadora, donde tanto el padre como la madre laboran y por tanto necesitan los servicios que los kinders, escuelas y colegios privados les proveen. Gran cantidad de los estudiantes de las universidades privadas tienen que trabajar para financiar sus estudios, y muchos lo logran con sacrificio. Entonces, al aplicar el impuesto al valor agregado, ¿quiénes se afectan más, las personas de ingresos medios o de ingresos altos? En conclusión, no se contribuye a lograr una mayor equidad.

Pero tampoco se logra la eficiencia. Aquellas personas que no puedan seguir pagando la educación privada podrán recurrir a la educación pública, en cuyo caso no pagan el impuesto y más bien pasan a ser subsidiados por el Estado, o bien algunos desertarán del sistema educativo, no pagando el impuesto. Esto llevaría a una baja recaudación fiscal, un incremento del gasto público, un deterioro de las condiciones de las familias, estudiantes y de las mismas instituciones educativas privadas y públicas. En general una pérdida de bienestar irrecuperable para la sociedad. Esto sin hablar de los enormes beneficios sociales que la educación provee a la sociedad a corto y largo plazo.

En materia de política económica, como se dijo, normalmente no es posible alcanzar todos los objetivos simultáneamente, pero vale la pena sacrificar algunos con tal de lograr otros. ¿Qué sentido tendría sacrificar unos objetivos para tampoco lograr los otros?

Destino manifiesto hacia las Antillas

2009-09-17, 14:30

¿Destino manifiesto?

Fernando Ravsberg 

Barack Obama acaba de firmar la Ley del Embargo, convirtiéndose en el décimo presidente que intenta utilizar esa vía para provocar cambios en Cuba. Se pone así sobre el tapete un tema que siempre dividió a los cubanos: el derecho de Estados Unidos a influir en la política de la isla.

El conflicto bilateral en tan antiguo que José Martí llamaba "monstruo" al país que lo acogió en su exilio y sostenía que su deber era impedir "que se extiendan por las Antillas los EE.UU. y caigan, con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América".

En una entrevista de prensa, el General independentista Antonio Maceo fue consultado sobre la posible anexión de Cuba a EE.UU. El General rechazó radicalmente la idea: "mil veces prefiero ser español", respondió al perplejo periodista.

Este recelo está presente incluso en los intelectuales moderados. A mediados del siglo XIX, José Antonio Saco aseguraba que "la desmesurada ambición de EE.UU. es y será un obstáculo inmenso a la verdadera independencia de Cuba".

La suspicacia de una parte de los cubanos puede entenderse cuando se lee al presidente Thomas Jefferson: "La anexión de Cuba a nuestra Confederación es exactamente lo que se necesita para redondear nuestro poder nacional y llevarlo al más alto grado de interés".

El periodista cubano Luis Ortega -exiliado en EE.UU. desde los años 60- afirma que "pensar que la Revolución descubrió el conflicto con EE.UU. es un disparate. Ese conflicto lo llevamos disuelto en la sangre la gente de mi generación y de las precedentes".

Efectivamente, se trata de generaciones marcadas. Nacieron con la Enmienda Platt en la Constitución (la que le daba derecho a EE.UU. a invadir Cuba) y vivieron humillaciones como la de ver un marine orinando sobre la estatua de José Martí.

De hecho, esta ofensa a la figura del héroe nacional provoca una protesta en el Parque Central de La Habana. En ella se destaca un joven universitario que más tarde se convertiría en el peor dolor de cabeza de Washington, Fidel Castro Ruz.

Claro que también existió un sector de la población que miró siempre con admiración a EE.UU. A tal grado es así que, en 1898, el General independentista Calixto García apoyó con sus tropas la invasión estadounidense a Cuba.

Incluso la actual bandera cubana fue traída a la isla por un grupo anexionista que pretendía expulsar a España para unirse a EE.UU. El venezolano Narciso López venía al frente, pero lo acompañaban cubanos que compartían el mismo ideal.

Un muy cercano colaborador de José Martí, Tomás Estrada, se convirtió en el primer presidente de Cuba apoyado por las tropas estadounidenses. Les tenía tanta confianza que aceptó que Washington se reservara el derecho a invadir la isla, cosa que ocurrió varias veces.

Prácticamente la totalidad de los presidentes posteriores eran muy cercanos a Washington, al punto de que algunos de ellos eligieron vivir sus últimos días en Estados Unidos. Esto le permitió a la Casa Blanca influir en Cuba pero también le creó obligaciones.

En 1959 la reacción de la mayor parte de los poderosos fue abandonar la isla, dejando en manos de EE.UU. el derrocamiento de Castro. Incluso acusaron a J.F. Kennedy de traición por no enviar los marines a Cuba durante la invasión de Bahía de Cochinos.

Todo esto parece historia, sin embargo, en las calles de Cuba y de Miami aún se puede ver esta división de opiniones entre los que creen que Estados Unidos tiene el derecho y el deber de influir en Cuba y quienes califican eso de traición a la patria.

El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart es de los que exige que Washington siga presionando con el Embargo hasta conseguir: "la legalización de todos los partidos políticos... y la convocatoria de elecciones libres con supervisión internacional".

Por el contrario, el periodista Luis Ortega, entiende que "aceptarle a EE.UU. que imponga condiciones para levantar el bloqueo... es aceptar que quien ejerce la soberanía sobre Cuba es EE.UU.... (es) el retorno al vasallaje".

Dentro de la isla la mayor parte de los líderes disidentes defienden su derecho a recibir las decenas de millones de dólares que Washington envía cada año para financiar actividades políticas, y muy pocos condenan el Embargo Económico.

Pero hay otros opositores que recelan. Eloy Gutiérrez Menoyo exigió la presencia de la prensa para reunirse con los diplomáticos norteamericanos. "No tengo nada que hablar con ellos que no pueda enterarse el pueblo de Cuba", me dijo entonces.

Este sector, que abarca revolucionarios, opositores, residentes en Cuba y emigrados, considera la independencia de EE.UU. como el valor más preciado. El sociólogo Aurelio Alonso me aseguró que "la soberanía es el legado más importante que deja Cuba al resto de América Latina".

A pesar de que ya muy pocos plantean la anexión, sigue existiendo una gran división entre los cubanos que quieren que EE.UU. incida en la política de la isla y quienes creen que los problemas de Cuba sólo compete solucionarlos a los cubanos.

19 de mayo de 2012

La economía de la sanguijuela 

FERNANDO COLLAZO COLLAZO

 Apartir de la pasada década, en Puerto Rico ha proliferado cada vez más el uso de términos médicos en el análisis de los asuntos económicos. En octubre de 2007, por ejemplo, un economista que había sido asesor del entonces Gobernador se refería, en un artículo periodístico, a lo que él llamaba una “economía agonizante” en la que “... los que dirigen no escuchan o no quieren escuchar”. Por su parte, al final de la década, un nuevo gobierno recetaba una “medicina amarga”, diseñada por una comisión de empresarios, como respuesta al estado de crisis en que se encontraba el País. En este contexto ha ido ganando adeptos lo que podría denominarse la Economía de la sanguijuela, una visión que consiste, como en la antigua práctica médica, en extraerle sangre al paciente para curar sus males.

 Entre los años 2002-2005, ante las señales de debilidad en la economía, el gobierno de Puerto Rico adoptó una agresiva política de expansión en sus gastos, los cuales aumentaron 12% en términos reales. Este crecimiento, sin embargo, se concentró en gastos operacionales, especialmente aquellos relacionados con un mayor nivel de empleo en el sector. De hecho, la inversión pública permaneció esencialmente constante en términos reales y su participación en el producto interno bruto (PIB), incluso, disminuyó. El aumento en los gastos operacionales, a su vez, fue financiado mediante aumentos en los impuestos y, en forma creciente, mediante la emisión de bonos, una práctica económicamente cuestionable y presuntamente prohibida por la Constitución. La economía, mientras tanto, creció a un ritmo moderado de 1.6% anual al tiempo que la razón de la deuda pública al PIB aumentó de 36.4% en el 2001 a 44.3% en el 2005.

 Aunque el paciente parecía mejorar, la fiebre había aumentado y su sistema inmunológico –su capacidad para crecer– ya daba muestras de debilitamiento. Durante los próximos seis años, bajo dos diferentes administraciones, la política económica del gobierno se centraría en la necesidad de restaurar el crecimiento y, al mismo tiempo, reducir el nivel de endeudamiento público del País. Las medidas que se adoptaron en ambos casos para lograr estos fines, sin embargo, representan la receta por excelencia para agravar una crisis: se aumentaron los impuestos, se redujo el nivel de gastos por cerca de 20% en términos reales y la inversión, en particular, se redujo a poco más de la mitad. El resultado, como era de esperarse fue, precisamente, la peor recesión económica experimentada por el País, en la que se perdieron cerca de 190,000 empleos y el ingreso real por habitante se redujo en alrededor de 14%. Irónicamente, al mismo tiempo, la deuda pública, en lugar de disminuir, se elevó hasta alcanzar más del 60% del PIB.

 Luego de seis años de terapia de sanguijuela, el país no sólo era más pobre, sino que estaba también más endeudado, dividido y plagado de desigualdad. Recientemente, la actual administración parece haber modificado su anterior política económica: se redujeron las tasas contributivas, se creó un impuesto especial a las empresas multinacionales y se aumentaron los empleos y los gastos, especialmente la inversión, en el sector. Los efectos de esta nueva política económica sobre el nivel de producción y empleo a nivel agregado, especialmente a largo plazo, son aún tentativos e inciertos.

Lo que debería estar claro para ésta y futuras administraciones, sin embargo, es la imposibilidad de sacar a un país de una crisis extrayendo de él el fluido vital para un desarrollo sostenible: la infraestructura, los recursos humanos y la solidaridad social. Los médicos descubrieron esto hace mucho tiempo; falta ver, todavía, si nuestros gobernantes, por fin, también se han enterado.

30/10/10 11:41 AM

Puerto Rico en la encrucijada

"Puerto Rico y Estados Unidos son como esas parejas que llevan juntas mucho tiempo, pero nunca se han casado"

Por: Ben Fox/The Associated Press



SAN JUAN — Para Dayra Rivera fue como una bofetada en la cara de todos los puertorriqueños: Apple le dijo que no podía recibir el estuche gratis para el iPhone que se le entrega a los clientes estadounidenses.

Apple, que estaba entregando estuches de plástico para subsanar un problema con sus teléfonos que hacían que se perdiesen las llamadas, dijo que no hacía envíos "internacionales". Tal vez no se enteró de que los 4 millones de puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses y que la isla está más cerca de la parte continental que Hawai.

"Me sentí tratada como una ciudadana de segunda clase", expresó Rivera, de 46 años, gerenta de una tienda de ropas cerca de San Juan.

Apple, sin embargo, no es la única que considera la isla tierra extranjera. Otras empresas, políticos, figuras del espectáculo y a veces los mismos puertorriqueños no saben bien qué pensar de esta tierra en la que las distancias se miden en kilómetros y las velocidades en millas por hora.

Puerto Rico y Estados Unidos son como esas parejas que llevan juntas mucho tiempo, pero nunca se han casado, y que hacen que se generen situaciones inciertas cuando los presentan durante una boda y otras actividades. "Ella es una amiga especial".

El comediante Larry David, en su programa de televisión, "Curb Your Enthusiasm", preguntó una vez: "¿Al final de cuentas, ¿qué es Puerto Rico?"

Los propios boricuas se hacen esa pregunta muchas veces.

Los puertorriqueños no han podido decidir si quieren ser un estado, mantener una relación intermedia o romper del todo con Estados Unidos. Han votado tres veces en torno al tema, en 1967, 1993 y 1998, y en las tres ocasiones optaron por seguir como estado libre asociado.

El asunto podría volver a plantearse en el 2011. El movimiento a favor de convertir a Puerto Rico en un nuevo estado de la Unión, que en la isla llaman la "estadidad", que controla la legislatura y la gobernación, espera convocar otra votación. Y la Cámara de Representantes estadounidense aprobó una ley por la cual el gobierno de Puerto Rico podría consultar a sus residentes si quieren cambiar el status de la isla.

El tema no genera el menor interés en Estados Unidos.

Hace algunos meses, el candidato a la cámara baja Vaughn Ward, un republicano de Idaho, dijo en un debate que Puerto Rico era un "país". Cuando se le hizo notar el error, señaló: "En realidad no me interesa lo que es. No tiene la menor importancia".

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Puerto Rico está bajo jurisdicción estadounidense —algunos dirían bajo el yugo— desde 1898. Sus residentes son ciudadanos estadounidenses desde 1917. En la isla hay 150.000 soldados retirados y tres cuartas partes de su Guardia Nacional ha sido movilizada tras los ataques del 11 de septiembre del 2001. La isla se paraliza el 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos, en que abundan los fuegos artificiales.

Los puertorriqueños, no obstante, no pueden votar para presidente y su representante en el Congreso estadounidense no tiene voto. Pagan por las prestaciones sociales (Social Security) y el seguro médico (Medicare) de todo estadounidense. No pagan el impuesto federal a los ingresos pero sí pagan un impuesto local. La AP considera a sus corresponsales en Puerto Rico como corresponsales extranjeros.

Se habla mayormente español, pero la isla tiene dos idiomas oficiales, español e inglés. Hay un feriado nacional en homenaje al héroe de la independencia Eugenio María de Hostos, y Puerto Rico va con representación propia al concurso de Miss Universo y a competencias deportivas, incluidos los Juegos Olímpicos.

¿Confundido? El Congreso estadounidense también. Varios legisladores no sabían si debían llevar pasaporte para viajar a Puerto Rico, según relató más de una vez el senador de Nueva Jersey Robert Menéndez, quien es hijo de cubanos.

"Es increíble el nivel de ignorancia que encuentro, no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo", comentó Joachim de Posada, escritor y asesor de empresas que vive en Puerto Rico y a quien con frecuencia le preguntan lo del pasaporte, según comentó.

Los puertorriqueños de Estados Unidos —que a esta altura son más que los de la isla— tampoco tienen muy en claro qué es Puerto Rico. Sonia Sotomayor, jueza de la Corte Suprema, declaró que sus padres, ambos boricuas, son inmigrantes.

Sotomayor se cuida de no hablar sobre el estatus político de la isla.

Otros no, incluido el comisionado residente Pedro Pierluisi, el único representante de Puerto Rico en el Congreso, sin poder de voto.

"El interrogante no es si Puerto Rico va a ser un estado, sino cuándo va a suceder", afirmó. "No tengo ninguna duda de que hacia allí vamos".

Héctor Pesquera, copresidente del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, tiene una visión muy diferente y cree que la estadidad acabaría con Puerto Rico.

"La gente que vota a favor de la estadidad es como pollos que votan por Kentucky Fried Chicken", declaró.

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El resto del mundo también tiene una actitud ambivalente hacia Puerto Rico. El Foro Económico Mundial menciona a Puerto Rico por separado en su ránking anual de competitividad. Aparece en el puesto 41, mientras que Estados Unidos figura cuarto.

Puerto Rico también figura por separado en la Encuesta Mundial de Gallup sobre los países más felices (está 23ro) y en la lista anual de Transparencia Internacional que evalúa los países por su corrupción (aparece 33ro entre los menos corruptos; Estados Unidos está 22do).

Como estado libre asociado, Puerto Rico tiene cierta autonomía política y económica.

Puerto Rico, no obstante, no aparece en la lista de Forbes sobre países más propicios para invertir, no tiene una banca en las Naciones Unidas y no es invitada a la cumbre anual iberoamericana de naciones hispanoparlantes.

"Tienes comida rápida, (las supertiendas) Costco, los centros comerciales. Es todo muy estadounidense", expresó Adriana Pons, de 32 años, quien nació en la isla pero se radicó en Nueva York para ayudar con la planta embotelladora de agua de su familia. "Cuesta catalogarla. No es de aquí ni de allí".

¿Entonces qué? ¿Corresponde que los puertorriqueños reciban estuches gratis para el iPhone?

Algunas empresas no hacen envíos a Puerto Rico para evitar conflictos en torno a derechos exclusivos de distribución con algunas firmas de la isla. Otras no lo hacen porque es muy costoso, a menudo más que el doble de lo que cuesta un envío a cualquier sitio de la parte continental. A veces las garantías no funcionan en Puerto Rico.

Esos mismos problemas persistirán si Puerto Rico pasa a ser un estado más.

Rivera cree que esto es una injusticia y le escribió una carta al blog de defensa del consumidor Consumerist.com, que publicitó su causa, al igual que hicieron otros foros digitales.

"A mucha gente le irritó esto", sostuvo. "No tratan bien a Puerto Rico".

Rivera dice que generalmente no se mete en debates en torno al estatus de la isla, pero que el asunto con iPhone hace que considere seriamente la estadidad. "Quiero que Puerto Rico sea un estado para que se resuelvan estas cosas", expresó.

Una portavoz de Apple dijo que la cancelación del iPhone de River había sido un error, pero no explicó cómo fue que se produjo. En agosto Rivera recibió un correo electrónico en el que se le informaba que el estuche estaba en camino.

La carta estaba escrita en español.

La farsa en la ONU en 1953 por Angel Collado Schwarz

JUEVES 24 DE JUNIO DE 2010

  La farsa en la ONU en 1953

                             por. Ángel Collado Schwarz




 El 27 de noviembre de 1953, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, como resultado de una votación de 26-16 y 18 abstenciones, la Resolución 748 (VIII) que consideraba apropiado el cese de la transmisión de información sobre Puerto Rico. La Asamblea General declaró: “… el pueblo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico… ha alcanzado un nuevo status constitucional… y reconoce que, en el marco de su Constitución y el convenio concertado con Estados Unidos de América, el pueblo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha sido investido con los atributos de soberanía política que claramente identifican el status de gobierno propio alcanzado por el pueblo puertorriqueño como entidad política autónoma”.

El mismo día que la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que Estados Unidos podía desentenderse de enviar información sobre Puerto Rico, se aprobó el conjunto de criterios en virtud de los cuales se determinaría cuándo una colonia había alcanzado su gobierno propio. El caso de Puerto Rico había sido decidido sin ponderarse a la luz de estas pautas.

Mason Sears, el representante estadounidense ante el Comité de Información de los Territorios no Autogobernados, negó que en el Congreso residiese el control sobre los asuntos locales y aceptó lo que su Gobierno negaba internamente y en la práctica, concerniente a sus relaciones con Puerto Rico: la existencia de un “pacto”.

Sears admitió en sus memorias que sus posiciones resultaron esgrimidas en una estratagema para sustraer a Puerto Rico del Comité de Territorios, en la pretensión de acallar el reclamo internacional de descolonización y aliarse con la posición de descolonización gradual que asumieron las potencias coloniales europeas.

El jurista y ex presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, José Trías Monge, preguntó: “¿Cómo podía el continuo poder del Congreso, de legislar para Puerto Rico, unilateralmente y sobre una amplia gama de asuntos, ser cónsono con el principio de gobierno por común acuerdo?”.

Los documentos de los archivos de la Fundación Luis Muñoz Marín ponen de relieve la expresión reiterada de funcionarios de la Rama Ejecutiva federal de que no hubo cambio alguno en la condición territorial. En una carta de Luis Muñoz Marín al secretario del Interior, del 17 de enero de 1953, el Gobernador confiesa sentirse “profundamente perturbado” por los comentarios del secretario del Interior, de que “Puerto Rico se mantiene como un territorio de Estados Unidos”. A este tenor, la carta de Charles B. Murray, procurador general auxiliar del Departamento de Justicia, revela su opinión de que con la creación del Estado Libre Asociado “no ha habido cambios” (15 de agosto de 1952).

El doctor Zbigniew Brzezinski, consejero de seguridad nacional del presidente James Carter, manifestó: “El asunto del status futuro de Puerto Rico es algo verdaderamente complicado. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico puede ser de hecho una contradicción en sus términos; en el mejor de los casos, la relación es embarazosa y ambigua. Desde la perspectiva de Estados Unidos, las elecciones libres de Puerto Rico pueden sugerir una democracia autogobernada. Desde la perspectiva de sus vecinos caribeños o de otros nuevos países independientes y en desarrollo, sin embargo, la relación particular con Estados Unidos puede sugerir sin duda una variedad especial de ‘neocolonialismo’”.

En el transcurso de los años se ha reafirmado que el supuesto proceso de descolonización de Puerto Rico evaluado por este comité resultó ser una farsa. Las declaraciones recientes de las Ramas Ejecutivas y Legislativas en Washington, D.C. ratifican el status colonial y territorial de Puerto Rico.

Trías Monge señaló en 1998: “…Contrario a su palabra ante la ONU en 1953, Estados Unidos… reclama soberanía total sobre la nuestra”.

Ya es tiempo de que la ONU corrija la farsa de 1953 y reabra el caso colonial de Puerto Rico ante su Asamblea General.